Justicia pide a Contraloría que reconsidere y permita extender contrato de monitoreo electrónico
Justicia pretende ampliar el plazo con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) mientras se adjudica a un nuevo proveedor de los dispositivos como tobilleras electrónicas que permiten controlar a personas que tienen medidas cautelares o descuentan sentencias fuera de prisión. El contrato actual vence el 27 de febrero.
La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, dijo la entidad envió a la Contraloría General de la República (CGR) «una solicitud de reconsideración sobre la negativa para extender el plazo del contrato actual en monitoreo electrónico al amparo del numeral 208 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa».
Ese numeral establece las condiciones en las cuales la administración puede modificar unilateralmente sus contratos.
Las principales razones que argumentó la Contraloría para denegar la solicitud son:
1. No se cuenta con el contenido presupuestario suficiente para atender la solicitud realizada.
2. La administración no evidencia tener certeza del precio que regirá durante el plazo de contrato, si este se prorroga.
3. No se tiene certeza sobre la vigencia del contrato pues no se ha acreditado dicha condición según lo establecido en el cartel.
Salazar se refirió a los tres puntos expuestos por el ente Contralor. Dijo que presentó ante la Asamblea Legislativa, el presupuesto extraordinario que contiene los recursos para monitoreo electrónico.
En cuanto a la vigencia del contrato con la ESPH, Justicia envió documentos adicionales para certificar que vence el 27 de febrero.
«En relación con la negociación de esta extensión con el proveedor le mantenemos a la Contraloría la explicación de que preferimos entrar a negociar una vez que tengamos certeza tanto del plazo como del presupuesto asignado», añadió.
Nuevo proceso
La ministra informó este miércoles que el 2 de febrero se publicó la licitación pública internacional para contratar el servicio de monitoreo electrónico. Tiene fecha de apertura del 29 de abril del 2021 y se espera que esté adjudicada en diciembre.
«Esta licitación recoge el aprendizaje del Ministerio de Justicia y Paz en los seis años que tiene de proveer este servicio en el país, tanto desde la parte técnica como el servicio de gestión», expresó.
El sistema de monitoreo electrónico de personas ha sido cuestionado debido problemas con el rastreo de las personas y la falta de dispositivos. Estos asuntos fueron centro de señalamientos mutuos entre la ESPH y Justicia.
