La solicitud la hizo este miércoles el fiscal Oscar Quirós Soto durante la etapa de conclusiones en el juicio contra el secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, por el presunto delito de instigación pública.
Vargas enfrenta el debate debido a manifestaciones que hizo 9 de setiembre del 2019, cuando participó en una reunión del Encuentro Social Multisectorial en el auditorio de la Conferencia Episcopal en San José.
En esa ocasión Vargas aseguró que «la tesis de paro nacional» era correcta. Posteriormente habló de la opción del cierre de fronteras e importantes vías nacionales hasta obligar a las autoridades estatales a que se sentaran a dialogar.
Las manifestaciones quedaron grabadas en un video que se viralizó y apareció en los medios de comunicación y redes sociales.
Las razones
En la sala 1 de los Tribunales de San José, el fiscal Quirós dijo que Vargas es una persona que ha estudiado y conoce el alcance de sus actuaciones. Le reprochó que, en su posición de dirigente sindical, lanzó un llamado a otras personas para que cometieran actos ilegales como la obstrucción de vías y el entorpecimiento de los servicios públicos.
El representante del Ministerio Público argumentó que el caso no es complejo pues la evidencia estaba a la vista y se comprobó que las acciones de Vargas afectaron la tranquilidad pública.
Para el fiscal, está demostrado que el sindicalista cometió un delito al instar a terceros a que tomaran acciones que tenían el potencial de perjudicar a los demás ciudadanos, de afectar servicios de salud, educación y la economía en general.
La parte acusadora añadió que el caso no se trata de una persecución contra Vargas o el sindicalismo pues durante muchos años ha podido ejercer sus derechos de manifestarse y expresarse con total libertad. Indicó que, en esta oportunidad, incurrió en una conducta ilegal que es la que se está juzgando.
Quirós aseveró que el argumento de que se trataba de una actividad privada no excusa al imputado ni hace que la conducta sea lícita.
Entre los alegatos, el fiscal usó como contexto manifestaciones y protestas previas a los hechos del 2019 las cuales causaron inconvenientes para la ciudadanía por la imposibilidad de trasladarse o acceder a servicios. Explicó que las palabras del secretario general de ANEP podían incitar a hechos iguales o de mayor escala.
También reprochó que el dirigente pretendió suspender el debate al presentar una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 280 del Código Penal que establece el delito de instigación, precisamente el que se está juzgando en el caso.
Este jueves también los abogados defensores de Albino Vargas podrán hacer sus conclusiones y el dirigente tendrá la oportunidad de hacer una intervención en su defensa. / Alejandro Arley – Noticias Columbia.
